9.- Robo indirecto

El 10 de noviembre de 1993, la Comisión de Privatización (CEPRI) de Minero Perú encabezada por Raúl Otero, anunció al país su profunda satisfacción por haber rematado el centro minero de Cerro Verde en 35’400,000 dólares y entregado a la empresa norteamericana CYPRUS Minerals Company y aceptado una inversión, en el plazo de 05 años de 485’300,000 dólares. Pero luego, contradiciendo esta alegría señala que “si bien el monto aportado en efectivo no es tan significativo, el compromiso de inversión y la calidad del postor ganador es lo más importante”. Cabe notar que los vende patrias de siempre, fijaron como precio el monto base de 30 millones de dólares y una inversión de 160 millones de dólares; que la minera CYPRUS tuvo como representante a Raúl Benavides Ganoza que fue y es directivo de la minera Buenaventura; que el verdadero interés no sólo era la primera etapa de Cerro Verde, sino la segunda, ya que posibilitaría “el inicio de la segunda etapa de ampliación del complejo minero, el cual estuvo paralizado desde hace más de una década por falta de financiación”; que asimismo, el vicepresidente de la CYPRUS, Larry Clark, desde el momento de la adquisición de Cero Verde dijo “que la empresa solicitará al Estado peruano la celebración de un contrato de garantía al amparo de la Ley de Inversión Extranjera y un convenio de estabilidad tributaria al amparo de la Ley General de Minería” Art.72 y los D. Leg. 662 y 757 y sus reglamentos. Precisamente, todo lo que solicitó la CYPRUS fue concedido por el Estado y por ello hoy la minera Cerro Verde no paga las regalías mineras, el íntegro del canon minero y el IGV tal como lo establece la Ley; por ello la minera hace lo que le da la gana y ha logrado incluso ganarse a la opinión pública luego de una enorme campaña mediática y también dividir y neutralizar a las organizaciones sociales como AUPA, FDTA, el FACA y otros y reemplazarlos por un denominado “Comité de lucha”, conformado por representantes genuflexos y adictos a la minera. Siguiendo con la secuencia de los acontecimientos, el 18 de noviembre de 1993 Antonio Zeballos Marroquín, Jefe del Grupo de Promoción de Inversiones, en el Diario El Correo, señaló que realmente se privatizó “Sociedad Minero Cerro Verde, porque el Estado no tenía dinero para iniciar la explotación en su segunda etapa, la misma que demanda una inversión de 350 millones de dólares” y agregó que el plan de explotación de Cerro Verde avanzará de 27,200 toneladas métricas por año a partir de 1994, luego 36,000 y 48,000 respectivamente y que se agotarán los minerales lixiviables en el año 2014”. Posteriormente dijo: “En resumen, el objetivo es producir en forma sostenida durante 30 años un mínimo de 100,000 toneladas métricas de cobre fino por año”. En concordancia con este plan y cronograma de explotación irracional, en ese entonces, la CYPRUS afirmó “la explotación racional a gran escala para agotar las reservas, antes de una probable obsolescencia del cobre”; y agregó que “aplicaría tecnologías avanzadas de explotación minera” y que generaría mayor cantidad de empleo directo e indirecto”. Comparando con la realidad actual, la explotación irracional del cobre ha llevado a que los minerales lixiviables se agoten en el 2008 y no en el 2014 como estaba previsto, generando enormes ganancias para la transnacional debido al elevado precio de los minerales en el mercado internacional. Ahora bien, en 1999 por un precio de 800 millones de dólares, la CYPRUS vendió todas sus acciones a la empresa PHELPS DODGE, o sea que en menos de 06 años la CYPRUS no sólo ganó por la venta del mineral sino también por la venta de todos sus activos, resultando perjudicados todos los peruanos y arequipeños en particular; pero algo más, el año 2006 la PHELPS DODGE vendió el íntegro de sus activos a nivel internacional, donde está incluido Cerro Verde, al Consorcio Transnacional FREE PORT por un monto de 25,900 millones de dólares. Es evidente que aquí hay responsables, principalmente el gobierno corrupto de Alberto Fujimori, luego los gobiernos de Toledo y Alan García, que en lugar de anular este contrato fraudulento, han consolidado los intereses de la empresa que explota Cerro Verde, incluso las autoridades de Arequipa como Juan M. Guillén y Simón Balbuena, con la firma de las actas del 02 de agosto del 2006 y el 16 de noviembre del 2007 se ha hecho cómplices de este latrocinio de nuestros recursos naturales. Las pingües ganancias que vienen obteniendo son enormes, al extremo que el 2005 sus utilidades netas fueron de 235 millones de dólares y el 2006 ascendió a 445 millones de dólares ¿Cuánto ganarán cuando ingresen de lleno a la explotación de la segunda etapa? ¿Cuántos miles de toneladas de cobre explotarán por año, con la tecnología de punta que vienen utilizando? El 2039 se acabará el cobre de Cerro Verde, sino es antes y sólo quedarán socavones, como mudos testigos de lo que fue Cerro Verde mientras tanto Arequipa quedará contaminada y postergada impunemente, si es que no levantamos nuestra voz reivindicativa y de lucha y obligamos al gobierno entreguista del APRA a que renegocie esta concesión, de lo contrario anule esta privatización. De la misma manera, los 10,000 empleos y puestos de trabajo ofrecidos quedarán en el recuerdo, porque hasta la fecha, Cerro Verde sólo emplea a 1037 trabajadores directamente y tiene en condición de sobreexplotados a través de SERVIS 5166. NOTA: algunos datos fueron extraídos de CONASEV, de artículos de Humberto Campodónico y de Julio Pérez P., además de las notas periodísticas de los diarios Gestión y el Correo de la época.